La impunidad marca guerra Sindical

 

 

 

 

Iván Enrique Parra Acosta fue hasta 2008 un líder sindical del sector de la construcción. Ese mismo año también se presentó como candidato a la Alcaldía del municipio Campo Elías (Mér).

Hoy, quien fuera el dirigente laboral más fuerte de la zona, figura en la lista de los más buscados por Interpol y es uno de los 44 imputados por la Fiscalía desde 2009 por participar en asesinatos de sindicalistas.
Hasta 2008, el Ministerio Público le había abierto a Parra cuatro expedientes, entre otros hechos, por porte ilícito de armas, lesiones graves y homicidio contra rivales en la lucha por los cupos de empleo. Incluso, el exgobernador Florencio Porras ordenó a la Policía del estado su detención en una oportunidad, según reseña el expediente judicial LP01-P-2009-003220.
Ese dirigente sindical continuó en su actividad pública sin ningún problema hasta junio de 2009. Ese mes, el Ministerio Público ordenó la captura de Parra y otros 17 miembros del Sindicato Estatal Integral de Trabajadores de la Construcción y Conexos de Mérida (Sineitracom), acusados de asociación para delinquir, obstrucción a la libertad de comercio, delincuencia organizada y sicariato contra tres líderes laborales.
Casi un año después, Parra, secretario general de Sineitracom, y otros 11 integrantes de esa organización fueron pasados a juicios. Actualmente, siguen en prisión cinco de los miembros del sindicato, mientras que el secretario general se encuentra solicitado por Interpol.
Desde 2009, el Ministerio Público ha imputado a 44 personas en todo el país por hechos enmarcados en la violencia sindical. Las más de cuatro decenas de acusaciones corresponden a 10 casos cerrados (ver recuadro a la izquierda) en los cuales fallecieron 17 personas, cifras que están muy lejos de hacer justicia a los 150 sindicalistas, que según Provea han sido asesinados desde octubre de 2008 hasta septiembre de 2011.
Sin datos oficiales. A falta de una información oficial sistematizada sobre los imputados por violencia sindical, Últimas Noticias obtuvo la información del análisis de la respuesta que el Gobierno venezolano le dio en 2011 a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), luego de las reiteradas denuncias de muertes e impunidad, realizada por dirigentes sindicales (http://www.ilo.org).
También se efectuó la búsqueda de datos en la página web del Ministerio Público, debido a que, según funcionarios de la Fiscalía General, “esos casos no están documentados”, aunque cada vez que asesinan a un dirigente sindical, trabajador o desempleado envuelto en la lucha por los puestos de trabajo, se designa a un fiscal. La indagación se completó con la reseña de homicidios publicadas en la prensa.
Una deuda. El director de la organización de derechos humanos Provea, Marino Alvarado, asegura que la impunidad en los asesinatos de dirigentes sindicales no sólo afecta a ese sector, sino a toda la sociedad venezolana.
“No es que el Estado lo hace de una forma deliberada, pero ha faltado voluntad, porque cuando el Estado quiere investigar lo hace. Eso lo demostró la comisión que se creó para atender los asesinatos de dirigentes campesinos. Se obtuvieron unos resultados, se logró detener a unos responsables y la incidencia de ese tipo de crímenes disminuyó”, acota Alvarado.
El presidente de la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT), Marco Tulio Díaz, recuerda que en 2009 se instaló una mesa de trabajo donde participaron las cuatro federaciones de la construcción (Funtabcac, Fenatcs, Fetraconstrucción y Fetramaquipes), el Ministerio de Relaciones Interiores, el Ministerio del Trabajo, la Cámara de la Construcción de Venezuela y la Cámara Bolivariana de la Construcción. Asegura que se reunieron hasta en seis oportunidades.
Díaz cuenta que en los estados Bolívar, Aragua, Zulia, Guárico, Lara, Sucre, Vargas y Miranda se crearon mesas de trabajos regionales con el mismo objetivo. ¿Qué pasó con esa iniciativa? Hubo cambio de ministro. Salió Pedro Carreño y entró Tareck El Aissami. ¿Resultado? Esos encuentros se suspendieron sin llegar a soluciones concretas.
En julio de 2010, la Fiscalía General de la República designó a la fiscal nacional 36ª, Johana Peña, como la encargada de todos los casos de asesinatos en la lucha sindical. Díaz rememora que él fue uno de los invitados a ese acto de nombramiento. Sin embargo, no se vieron los resultados.
“Las investigaciones tienen que ir más a fondo”, señala Díaz, también vicepresidente de la Central Socialista de Trabajadores. “Esos delitos no pueden quedar impunes”, señala tras recordar la muerte de su compañero de organización, Francisco Salazar, asesinado en Vargas el mes pasado.
Un concepto. Para la Vicaría de Derechos Humanos, dependiente de la Conferencia Episcopal Venezolana, violencia sindical es “todo hecho violento que afecta tanto a dirigentes sindicales, activistas de los derechos laborales, trabajadores u otras personas, originados por la pugna por el control de los puestos de empleo por parte de la organización sindical”.
Gobierno negó en la OIT las acusaciones. “El Estado venezolano, a través de sus organismos competentes, ha realizado las investigaciones pertinentes y los esfuerzos necesarios para encontrar a los culpables de hechos punibles en el menor tiempo posible”, aseguró la representación del Gobierno nacional ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al responder a las denuncias de impunidad por violencia sindical en febrero de 2011.
En el documento titulado Observación individual sobre el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación 2010, publicado en 2011, se reseña la respuesta que el Gobierno venezolano les dio a los representantes de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) que denunciaron la impunidad en la muerte de dirigentes sindicales y trabajadores.
El Gobierno negó también que haya ocurrido un elevado número de asesinatos: “Son casos puntuales… Todos los casos están siendo investigados y donde se ha logrado determinar a los responsables, estos han sido colocados a la orden de los tribunales correspondientes y están privados judicialmente de la libertad…”.
FUENTE: UN
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