Piden investigar por corrupción vinculada a la campaña electoral a la la Jefa de Prensa de la Gobernación

 

 

A la Fiscalía Superior del Ministerio Público acudió en la mañana de este lunes el abogado Omar Arévalo, para solicitar el inicio de una investigación por denuncia en contra de María Cecilia Fereira, jefa de la Oficina Regional de Información de la Gobernación del Estado, por presuntas irregularidades contempladas y sancionadas en la Ley Contra la Corrupción. Al momento de consignar el escrito ante el mencionado organismo, el profesional del Derecho aportó una serie de pruebas que comprometen y por las que deberá responder la mencionada funcionaria.

Las presuntas irregularidades, según establece la Ley Contra la Corrupción, podrían acarrear prisión hasta por varios años a los funcionarios que incurran en ellas. “Desde hace cierto tiempo y muy especialmente desde que inició la campaña electoral presidencial de cara a los comicios del 07 de Octubre de 2012, se ha venido evidenciando un presunto manejo irregular (ilegal) de algunas dependencias públicas. Esos actos, hechos o manejos presuntamente irregulares pudieran ser constitutivos de delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción. Una de esas dependencias públicas es la Oficina Regional de Información (ORI) del ejecutivo regional, la cual está a cargo de la ciudadana María Cecilia Fereira”; señala el escrito que introdujo Arévalo en la Fiscalía del Ministerio Público.

Añade que “en este caso se ha evidenciado como presuntamente con dineros de la gobernación del estado Barinas y a través de órdenes presuntamente emanadas de la ORI se ha publicado páginas con contenidos alusivos al Comando de Campaña Carabobo (CCC). Específicamente el sábado 02 de junio de 2012, los medios impresos De Frente, La Noticia y El Diario de los Llanos, publicaron sendas páginas con el siguiente titular: (antetítulo) “Engranada maquinaria roja” (título) “Con Bolívar y AAT completa la instalación de los CCC municipales y parroquiales” (subtítulo) “Militantes del Psuv reiteran compromiso con el líder de la revolución”. Tal como se evidencia en las páginas que anexo, se indica publicidad (es decir que la publicación es a título oneroso) y que dichas páginas fueron emitidas (redactadas) por Prensa Gobernación y por empleados (periodistas y fotógrafos) de la ORI-Gobernación” Arévalo alude igualmente presuntas irregularidades que se estarían cometiendo con la publicación del Semanario Siete Verdades, órgano divulgativo al parecer de la Gobernación del Estado, el cual es dirigido por Fereira, pero en el que se publica contenido de la campaña electoral presidencial a favor del candidato oficialista.

Violación de la Ley Según estima el abogado Omar Arévalo, María Cecilia Fereira estaría incursa en violación de normas de la Ley Contra la Corrupción, específicamente de los artículos 68 (Abuso de funcionario con fines políticos), Artículo 54 (Peculado de Uso) y Artículo 56 (Malversación Genérica Simple).

Al respecto especificó en el escrito que el Artículo 68 de la mencionada Ley establece que “El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años”. Por su parte el Artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción es claro al indicar que “El funcionario público que, indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, o de empresas del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años”. Con la misma pena será sancionada la persona que, con la anuencia del funcionario público, utilice los trabajadores o bienes referidos.

Arévalo alude también el Artículo 54 de la referida norma, el cual indica, entre otras cosas, sanciones para aquellos funcionarios que utilicen trabajadores o bienes públicos para fines de orden particular, ajenos o contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio los objetos materiales que se describen.

Finalmente, y en virtud de todo lo expuesto en el documento, al abogado Arévalo solicitó al Ministerio Público que se lleve adelante un proceso de investigación con la finalidad de esclarecer los hechos y que se sancione debidamente a la o los responsables de los mismos.

 

 

 

 

 

LPB

 

 

 

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